La criminalización de la sociedad

La acción del Estado combina la defensa de los súbditos contra la delincuencia (mediatizada por el hecho de que es al Estado al que le corresponde definir qué ha de considerarse como delincuencia) con la protección de los grupos dominantes de la sociedad contra la “subversión” a que podrían sentirse tentados los dominados".[1]

El desarrollo de las relaciones de producción capitalistas ha ido acompañado de un cambio radical en los mecanismos de represión social que llevaron a una codificación de delitos y penas como herramienta para la persecución sistemática de los delincuentes y en especial a convertir el castigo en manifestaciones públicas de glorificación del poder del Estado. En este cambio ha habido una voluntad de transferir a la esfera pública el castigo de delitos y ofensas que antes eran dirimidos en la esfera privada. El Estado tiene el monopolio de la violencia en defensa del orden social establecido y la policía y la justicia constituyen mecanismos privilegiados para la construcción de disposiciones duraderas que contribuyan a la eternización y la naturalización de la desigualdad. La vieja legislación heredada de la colonia no poseía una correspondencia clasificada entre delito y castigo. Los mismos delitos recibían diferentes castigos según las personas, las circunstancias y el juez. El castigo público era más habitual que el privado, ya que la prisión cumplía un papel secundario, como retener al reo hasta el juicio y era preferible mostrar públicamente castigo y castigado como forma de hacer docencia, un ejercicio de la pedagogía de la violencia. También existía temor frente a algunos sectores subalternos que comenzaban a mostrarse menos dóciles que en el pasado. Mientras el estado colonial se preocupaba de mediar entre ricos y poderosos, el estado nación se preocupaba de afirmarse contra la protesta social de los sectores subalternos (trabajadores o, sobre todo, marginales). No era grave que algunos quebrantasen la ley, pero sí que los demás lo celebraran o encubrieran frente a la autoridad.

La intención social de este endurecimiento aparece con suma claridad en la importancia con que se toma el reforzamiento de los derechos de propiedad. Los castigos por robos insignificantes como el abigeato de una res, tolerados durante siglos, se hicieron más severos que aquellos que implicaban delitos sobre las personas, incorporando incluso la tortura. Sin contar con información estadística contundente, los delitos contra las personas parecen haber disminuido (al menos en la consideración pública) mientras aumentaban los realizados contra la propiedad.

Establecer qué es un robo depende de la definición de propiedad vigente en una sociedad, de manera que cuando cambia esta definición por los intereses de los que pueden cambiarlas, se suscita un conjunto de problemas entre los que interpretan una apropiación como legítima, de acuerdo con las nuevas reglas, y los que la consideran una usurpación, porque siguen considerando válidas las viejas.

Esta criminalización destinada a proteger la propiedad resulta especialmente evidente en el medio rural donde la destrucción de las viejas reglas que permitían, entre otras cosas, los asentamientos espontáneos, convirtieron a una buena parte de los campesinos en ladrones. La privatización de las tierras que antes eran de uso más o menos libre hizo que por cerca de un siglo o más los delincuentes rurales (“vagos y mal entretenidos”) fuesen uno de los grandes problemas del que tuvo que ocuparse el sistema represivo.

La pobreza, que en el antiguo régimen era considerada una virtud ahora era un peligro social. Por otra parte, cualquier hombre en condiciones de trabajar debía hacerlo. Vagabundos, cazadores furtivos, autores de pequeños robos, borrachos y perturbadores del orden eran el grueso de los presos. Es decir, gente que no se sometía o no encajaba en la nueva disciplina social eran consideradas delincuentes. Sierras y cuevas, fueron sitios privilegiados para quienes buscaban refugio.


[1] El Fontana, J. "Els fonaments de la política: violencia i poder". Introducció a l'estudi de la història, Barcelona, Crítica, 1997, capítulo 8